La historia nos cuenta que solo dos presidentes, Andrew Johnson (no lo confundamos con Jackson) y Bill Clinton han sido acusados. A Johnson por transgredir el Tenure of Office Act (Ley en el Desempeño del Cargo) abolida en 1887, y a Clinton por perjurio y obstrucción a la justicia.
Nixon estuvo a punto de hacerse con un procesamiento, pero presentó su dimisión antes de que la Cámara de Representantes tuviera ocasión de leer los informes procedentes del House Judiciary Committee (Comisión Judicial de la Cámara de Representantes) en 1974.
El ser acusado no garantiza que el presidente tenga que abandonar el cargo. De hecho, eso es lo que les sucedió a Johnson y a Clinton, que, aunque fueron acusados, pudieron acabar su mandato.
El Artículo II de la Constitución de los Estados Unidos señala en la Sección 4 que "El presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán separados de sus puestos al ser acusados y declarados culpables de traición, cohecho u otros delitos y faltas graves".
La Cámara de Representantes tiene la facultad de llevar a cabo las acusaciones, (para que salgan adelante se requiere una mayoría simple), mientras que el Senado se encarga de juzgarlas. Johnson y Clinton fueron exonerados porque el Senado, presidido por el Chief Justice of the Supreme Court (presidente del Tribunal Supremo), no consiguió los dos tercios (67 senadores) necesarios para proceder a su destitución.
Proceder a la destitución de un presidente, como se ve, no es nada fácil y aún está por suceder. A nivel federal solo ha habido diecinueve casos de impeachment. La mayoría eran jueces y no todos fueron separados de sus funciones.
Las acusaciones normalmente se centran en delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, aunque también se han dado casos en los que el Congreso ha acusado y declarado culpables a funcionarios por delitos cometidos con anterioridad a la toma de posesión.
En el caso de que se declare culpable al funcionario, este será retirado de su cargo o retirado del cargo con la prohibición añadida de no poder volver a ocupar cargo público alguno. Para esta última opción se necesita una nueva votación del Senado. Basta con una mayoría simple.
Un presidente o funcionario puede ser acusado básicamente por 3 razones:
- por abuso de poder y excederse en sus competencias
- por un comportamiento incompatible con la función y propósito del cargo
- por un uso indebido del cargo para un fin inadecuado o para su propio provecho
Si es así, un impeachment no sería tan descabellado, aunque, lógicamente, no hay que perder de vista que las dos Cámaras del Congreso están en manos republicanas y que si se pretende lanzar uno, los demócratas prefieran esperar a ver qué suerte corren el 6 de noviembre del 2018, fecha en la que tendrán lugar las elecciones. Cuatrocientos treinta y cinco escaños en juego en la Cámara de Representantes y treinta y tres de un total de cien en el Senado.
Algunos han decidido no esperar tanto y ya se han puesto manos a la obra. Es el caso de Free Speech for People and RootsAction, dos grupos que busca acusar al presidente, acogiéndose a la Foreign Emoluments Clause y a la Domestic Emoluments Clause (Cláusula de Emolumentos Extranjeros y Cláusula de Emolumentos Domésticos).
Por cierto, que a día de hoy casi medio millón de firmas y todavía no hemos visto (ni creo que veamos) esas famosas declaraciones de la renta. No sé con otros números, pero con estos, desde luego, la ética del mundo Trump se lleva a matar.
