Estas enfermeras nunca piden una silla y llevan ropa interior ceñida por si alguna pulga las asaltan. Las enfermeras siempre van con traductor. A veces, las acompaña un policía, porque las madres no soportan que les echen en cara que, por su culpa, los hijos se les estén envenenando.
Estas enfermeras también están en un brete. Y todo porque presienten que, a veces, les acompaña un policía que también es propietario de unos cuantos pisos aplomados, y eso, las incomoda.
En 1992 el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley Residential Lead-Based Paint Hazard Reduction Act (“Acta para la reducción del peligro por la pintura con plomo en residencias”), también conocida como Título X, con la intención de proteger a las familias, especialmente a los más vulnerables, de los efectos nocivos del plomo. En la actualidad el uso del plomo en las casas está prohibido, de hecho, fue prohibido en 1978, pero aún quedan en pie muchas viviendas construidas antes de la prohibición.
Por ley los propietarios de un inmueble están obligados a informar a los posibles compradores o inquilinos, siempre y cuando el edificio fuera anterior a 1978, de la presencia de plomo. Por supuesto, dicha información debe aparecer en el contrato de venta o alquiler.
Aunque los contratos se pueden cumplimentar en español, dudo mucho que haya uno de por medio, siquiera en inglés. Por razones obvias. Muchos de estos inmigrantes solo saben su lengua materna, chapuerrean el español, se encuentran en situación de ilegalidad y no quieren dejar rastro de por medio. En teoría, tienen capacidad de operación, de hecho, pueden denunciar al dueño, pero prefieren aguantar y pagar al contado antes que exponerse a la deportación.
Difícil papeleta para todos, especialmente para el gobierno, cuando el mal lo tiene en casa.