El uso de las cámaras de grabación para el uso policial se disparó en el 2016. En la actualidad, aproximadamente unos dieciséis estados cuentan con regulación sobre su uso. Los departamentos de policía dicen que su uso facilita controlar los abusos de la actuación policial y animar a los acusados de violar la ley a que se comporten civilizadamente. Sin embargo, hay muchos ciudadanos de a pie que dudan de su efectividad. Por lo visto, y aunque los funcionarios están obligados a entregar las grabaciones, se han dado casos donde solo se han entregado algunas secuencias y deliberadamente se han borrado otras. Además, a veces aparecen víctimas en las grabaciones a las que se ha puesto en peligro.
Un estudio del Departamento de Policía Metropolitano de Washington D.C. del 2017 desmiente las esperadas mejoras en la adopción de las cámaras. No había diferencia estadísticamente significativa entre los policías que llevaban la cámara y los que no. Ambos grupos recibieron un número similar de quejas por abuso policial y el número de ocasiones en el que ambos grupos hicieron uso de la fuerza tampoco fue significativo.